José Ramón Gil-García
Rodrigo Sandoval Almazán
Los avances del gobierno electrónico en nuestro país apenas
comienzan. Esta tendencia mundial que usa las tecnologías de información y
comunicación para disminuir los costos de la administración pública y acercar
las dependencias gubernamentales a los ciudadanos, está apenas dando sus
primeros frutos en México. Los logros son modestos, pero la dirección parece
ser la correcta. Mayor consolidación en las compras de tecnología, desarrollo
de estándares técnicos para las administraciones públicas, promoción de leyes
que impulsan la sociedad de la información en México y la creación de portales
integradores para proveer mejores servicios a los ciudadanos son algunos
ejemplos de estos primeros pasos.
Como consecuencia de los recortes presupuestales derivados
de la crisis económica internacional y como un gesto político se propone
desaparecer la secretaría de la función pública, donde precisamente se ha
ubicado el área responsable por el gobierno electrónico. Contra muchos
pronósticos iniciales, la UDG, que pudiera ser considerada como el CIO (Chief Information Officer) de
la administración pública federal, ha sido capaz de impulsar leyes para: (1) regular
la firma electrónica avanzada, (2) instaurar la cédula de identidad, (3)
promover la sociedad de la información y el conocimiento y (4) homologar la
gestión pública. De forma similar, su papel ha sido clave en iniciativas como
el portal de apertura rápida de empresas, el expediente clínico electrónico, la
evaluación de madurez digital del gobierno federal, entre muchos otros
proyectos relacionados con el uso de tecnologías de información para mejorar
las labores gubernamentales.
Según la iniciativa de decreto publicada el 22 de
septiembre, esta Unidad dependerá ahora directamente de Presidencia de la
República y con ello podrá impulsar aún más estas acciones y estandarizar los
procedimientos desde el poder ejecutivo. Estamos convencidos que no sólo es urgente
transformar esta unidad, sino darle un mayor respaldo a las funciones
fundamentales que ha llevado y puede llevar a cabo en un futuro como
coordinadora de los esfuerzos de la administración pública federal en todo lo
relacionado con tecnología y sus aplicaciones para mejorar el sector público.
Entre muchas razones para fortalecer esta unidad o el equivalente al CIO del
gobierno federal, creemos que al menos cuatro son fundamentales.
La primera de ellas es que la UDG tiene la difícil tarea de
encauzar todos los esfuerzos del gobierno federal en materia de gobierno
electrónico, tal como se propone en la iniciativa antes mencionada. De forma
similar, tanto las entidades como las alcaldías han emprendido, desde hace
tiempo, iniciativas para eficientar sus procesos usando gobierno electrónico.
Es fundamental seguirlas impulsando, coordinarlas y compartir la experiencia
que se ha alcanzado en los diferentes niveles de gobierno sin perder su
autonomía y soberanía. Los esfuerzos de un CIO federal podrían incluso incluir
el apoyo a estados y municipios para un mejor uso de las tecnologías de
información en todo el país, generando de forma conjunta recomendaciones de política
pública para los tres niveles de gobierno.
En segundo lugar, se ha demostrado contundentemente que los
procedimientos de compras gubernamentales funcionan mejor si son electrónicos.
Las compras por Internet, el registro de proveedores y las licitaciones
públicas deben estar disponibles para los ciudadanos con la finalidad de lograr
mayor transparencia gubernamental y rendición de cuentas. El gobierno
electrónico es central para lograr este objetivo, organizando el esfuerzo y
aplicando tecnologías. La figura del CIO federal puede convertirse en el actor
central de proyectos estratégicos nacionales como éste.
En tercer lugar, la tendencia del gobierno electrónico es
realmente mundial. En países como Estados Unidos, Inglaterra, China, Chile,
Argentina y Brasil los gobiernos federales están promoviendo políticas públicas
de gobierno electrónico desde la presidencia. Por ejemplo, Barack Obama ha
elevado a rango de secretaría los esfuerzos de gobierno digital y en Brasil se
está trabajando muy fuerte para reducir la brecha digital. México no puede
quedarse atrás. Las tecnologías ya no son un agregado para un país, sino una
necesidad.
Finalmente, la velocidad con la que están ocurriendo estos
cambios en las administraciones públicas y las repercusiones que éstos tendrán
en sus sociedades y en la competitividad de los países son sorprendentes y
México no está exento de estos cambios. Por lo tanto debe impulsar políticas
públicas que organicen el esfuerzo del gobierno electrónico en todo el país.
El reto de las administraciones públicas en todos los
niveles será eficientar sus procesos y acercarse más a sus ciudadanos. Debido a
la reducción de sus ingresos y al aumento de las necesidades sociales el uso de
tecnología para organizar las actividades gubernamentales pareciera no sólo
deseable sino indispensable y urgente. Las tecnologías de información han
dejado de ser una función adjetiva y se han convertido en muchos países del
mundo en uno de los principales ejes de desarrollo económico y social. Por
tanto, consideramos que además de integrar a esta unidad a la estructura de la
Presidencia de la República, se debe pensar en cómo fortalecerla para tener
realmente un CIO federal que tenga las capacidades necesarias para coordinar y
dar cauce a un uso estratégico de las tecnologías de información y comunicación
en aras de construir un gobierno más eficiente y un país más competitivo.
José Ramón Gil-García es Profesor-Investigador de la
División de Administración Pública y Coordinador del Banco de Información para
la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales (BIIACS) del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). E-mail: joseramon.gil@cide.edu
Rodrigo Sandoval Almazán es profesor investigador de la
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado
de México. Miembro del Comité Editorial de la revista Política Digita. Email: rsandovuaem@gmail.com